Casi seis de cada diez personas están en situación de vulnerabilidad socialEconomía 

Casi seis de cada diez personas están en situación de vulnerabilidad social


Crédito: Gentileza Banco de Alimentos

Un 58% de la población urbana del país está en situación de vulnerabilidad social: 36,6% sufre la
pobreza y 21,4% vive en hogares donde los ingresos percibidos sí superan el nivel establecido para no caer en esa condición, pero por una diferencia no significativa: en concreto, los ingresos que reciben esas familia equivalen hasta 1,5 veces el costo de la canasta básica que fija el umbral para definir quién es pobre y quién no. Por tanto, son personas que quedan muy expuestas al riesgo de caer en la pobreza, ante cambios o agravamientos en la situación económica.

Los datos corresponden al segundo trimestre de este año y fueron estimados por investigadores de la Cátedra Unesco sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social del Instituto Torcuato Di Tella, sobre la base de información del Indec, que días atrás informó que la pobreza llegó al 35,4% en el primer semestre de 2019. Un año atrás, la vulnerabilidad alcanzaba al 49,2% de la población.

“En el conurbano la situación es más grave y, con un nivel de pobreza de 40,7%, la vulnerabilidad ronda el 62%”, advirtió Guillermo Pérez Sosto, coordinador del mencionado espacio de estudios, quien participó como orador en el
seminario sobre Inclusión Social y Laboral en la Argentina, organizado por el Programa Pobreza, Inclusión y Política Social (PIPS) de la Universidad Católica Argentina.

Las políticas públicas para intentar dar alivio a la problemática social fueron uno de los ejes de la actividad. Los expositores se refirieron a dos tipos de estrategias: las más generales -sobre las cuales hubo consideraciones sobre la necesidad de reformular los sistemas productivo, económico y educativo- y las más puntuales, una temática dentro de la cual se exploraron las acciones, no solo de la Argentina, destinadas específicamente a personas vulnerables.

“En Europa hay pobreza. Y todos los países tienen sus políticas de ingresos mínimos para protección social”, describió Francesco Chiodi, coordinador de Política Social de IILA
EUROsocial, un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina. Explicó que esa política se basa en tres pilares: la transferencia de dinero; los servicios sociales (desde ayuda piscológica hasta orientación para proyectos de vida o acceso a vivienda) y los servicios laborales. El énfasis, agregó, está puesto en este último aspecto: por esta estrategia de “inclusión activa”, quienes reciben el ingreso mínimo estatal y están en condiciones de trabajar deben formarse, hacer búsquedas laborales y no rechazar ofertas que sean acordes a su perfil. “Hay que atender peculiaridades y no categorías abstractas”, sostuvo.

La trampa de la pobreza

Chiodi afirmó: “Todo lo que escuché aquí [en la Argentina] podría haberlo escuchado en Italia; allí también se da la trampa de la pobreza, que hace que haya gente que sume el ingreso mínimo al ingreso informal y no quiera formalizarse para no perder el subsidio”.

Explicó también que los resultados, en términos de lograr la inserción laboral de las personas en la economía formal y a partir de las políticas de transferencias de ingresos, son muy bajas. “En Alemania, en promedio la inserción se da en 2 años y 7 meses”, ejemplificó.

El funcionario destacó la necesidad de diferenciar las situaciones de quienes son subsidiados, porque “no todos los pobres pueden trabajar”. Y llamó a no confundir las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con las políticas por el empleo.

Quien también hizo hincapié en la necesidad de dar acompañamiento a las personas fue Vincent Billery, consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia, quien destacó que en su país hay en estos momentos una “mayor orientación al empleo” en los programas de ingresos mínimos.

“Tenemos que tomar la estrategia de inclusión activa de Europa; poner el eje en el empleo”, destacó Eduardo Lépore, director del PIPS. Agregó que los municipios tienen un rol fundamental, aunque advirtió que en nuestro país hay dificultades para lograr coordinaciones entre los niveles de gobierno. La cuestión clave, definió, es “cómo combinar la asistencia social universal con favorecer la transición a la vida laboral”.

Para Lépore, deben darse también reformas más amplias que tiendan a generar mejores condiciones para el empleo. Por ejemplo, puntualizó que habría que diferenciar los niveles de contribuciones que hacen los empleadores según el tamaño de la empresa. “No podemos pensar que la capacidad de las pymes es la misma que una empresa grande, y eso no debe significar que haya trabajadores de primera y de segunda, sino que los derechos deben darse para todos por igual”.

En un panel que abordó el tema de los desafíos de la economía popular, en tanto, Pablo Narvaja, especialista en temas de educación y miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, instó a actuar sobre las causas que provocan la pobreza. “El problema no es qué hacemos con los pobres que genera el sistema sino qué hacemos con el sistema, con un modo de producción que genera pobres”, desafió. Y enfatizó: “El problema de la pobreza no son son los pobres”.

“La Argentina está en una inercia vinculada a la informalidad y la pobreza crecientes”, que se explica por cuestiones como el marco legal existente y por prácticas financieras y empresariales, entre otras, afirmó por su parte Juan José Ezama, del consejo de economistas del equipo de Formalización Económica de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Por ejemplo, describió, el régimen actual no está alineado con la capacidad contributiva que tienen las pymes, que entonces suelen irse a la informalidad y se instalan en un proceso de supervivencia hasta que mueren.

“Hay que formalizar las empresas ante que formalizar el empleo”, recomendó. Y definió tres medidas de acción necesarias para romper con los mecanismos que llevan a empeorar la situación social: un reordenamiento del sistema legal y operacional, para simplificar y reducir la cantidad de regulaciones vigentes; una fiscalidad que sea acorde con la capacidad tributaria, y una estrategia para procurar la inclusión financiera, con un mejor aprovechamiento de los medios electrónicos.

Los ecos de la pobreza llegan a rincones del país donde no se la mide. Y eso es lo que advirtió en el evento organizado por la UCA Carlos Vigil, asesor de organizaciones de agricultura familiar, al recordar que los indicadores de la realidad social medidos por el Indec se refieren a la población urbana. “Los productores de la agricultura familiar integran un conjunto económico, social y cultural”, definió. Y agregó que la titularidad de la gestión y de los medios de producción, la residencia en el lugar donde se trabaja y el hecho de que la agricultura sea la actividad principal son los elementos que definen a los llamados “pequeños agricultores rurales”, dentro del heterogéneo escenario de la ruralidad argentina.

Y puntualizó que hay muchas familias “expulsadas” de esta agricultura por cuestiones como el extractivismo, la deforestación y por ideas como las de algunos jóvenes “que creo que piensan que la pobreza urbana es un poco más digna que la pobreza de campo”.

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