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Las pruebas analizadas alivian la situación del juez Rodríguez

Las pruebas analizadas alivian la situación del juez Rodríguez

El juez Rodríguez es cuestionado por su desempeño Fuente: Archivo

Los vocales de Cambiemos y el PJ en el Consejo evalúan acusarlo por beneficiar al exsecretario de los Kirchner

Las últimas pruebas sobre el patrimonio del juez Luis Rodríguez dejaron al Consejo de la Magistratura en una delicada situación. Los informes que recibieron los consejeros en las últimas horas prácticamente anularon la posibilidad de acusar al juez por el supuesto soborno que habría recibido -según la confesión de tres arrepentidos- para beneficiar a Daniel Muñoz en una causa.

Si el organismo finalmente decide avanzar contra Rodríguez, la acusación por mal desempeño deberá enfocarse en los reiterados beneficios que el magistrado le otorgó en el expediente judicial a Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, que le permitieron ocultar buena parte de su fortuna en el exterior.

La Comisión de Disciplina y Acusación abrió ayer los anexos reservados de su declaración jurada -incluye información fiscal- ante la presencia del abogado de Rodríguez y de distintos asesores del organismo.

El patrimonio ya conocido del magistrado incluía hasta 2017 un departamento en Palermo, una casona en Escobar y una camioneta Honda. La mujer, además, recibió como parte de una herencia un departamento en Recoleta con una valuación fiscal de $700.000, según se desprende de los anexos reservados. “No son números exorbitantes ni sospechosos”, resumieron los investigadores.

La comisión recibió también parte de los gastos de tarjetas de crédito del juez y de su familia. La primera información que enviaron distintos bancos estaría en sintonía con el resto de la documentación sobre su patrimonio: sus viajes al exterior, sus cuentas bancarias y sus inmuebles podrían justificarse con su ingreso como juez y el de su mujer, también funcionaria judicial, entendieron los investigadores.

Mientras esperan recibir los últimos papeles pendientes (más gastos de tarjetas y un pedido a la Unidad de Información Financiera), el Consejo ya debate puertas adentro si es viable una acusación contra Rodríguez por mal desempeño, aunque las acusaciones por el supuesto soborno no puedan probarse.

¿Cuál es la alternativa? Acusar a Rodríguez por los reiterados fallos que favorecieron al exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner y su viuda, Pochetti. Una opción que sumó por estas horas a sus primeros defensores en el oficialismo y en algunos sectores del peronismo no kirchnerista.

Pero esta alternativa también tiene sus detractores: los representantes de los jueces en el Consejo suelen rechazar casi inmediatamente cualquier discusión sobre el contenido de las sentencias de los magistrados.

Poder de veto

A esa negativa se le podría sumar el kirchnerismo, que difícilmente apruebe una acusación basada en los beneficios que se le otorgaron al exsecretario privado de Kirchner. Solo esos cuatro votos podrían frenar una acusación contra el magistrado en el plenario del Consejo.

“Ponerse a analizar el contenido de una sentencia es un tema muy complicado. Habría que probar que el juez [Rodríguez] tuvo un interés detrás de la decisión”, dijo un experimentado magistrado. Y puso como ejemplo el caso del juez federal Daniel Rafecas cuando no impulsó la denuncia del fiscal Alberto Nisman, cuya decisión fue ratificada por la Cámara, pero luego revertida. La acusación contra Rafecas no prosperó en el Consejo.

Pero en la causa que involucraba a Muñoz, Rodríguez fue removido por la Cámara, que alertó sobre los reiterados beneficios que el magistrado le otorgó al exfuncionario. La Cámara lo apartó del caso porque, además, esos beneficios le permitieron mover millones de dólares en el exterior, con el único fin de ocultarlos.

“Cuando un juez toma decisiones en contra de derecho o demora sus decisiones para que un imputado pueda vender sus bienes en el exterior, como ocurrió con Rodríguez, estoy convencido de que amerita revisar su actuación como juez”, sostuvo un consejero oficialista.

Carrió amplió su denuncia contra “presos k”

Las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto, junto con Mariana Zuvic, presentaron ayer finalmente ante la Justicia una ampliación de su denuncia sobre una supuesta maniobra para apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas. Dijeron que la operación, que gira en torno del falso abogado Marcelo D’Alessio, es financiada por los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Pasadas las 18 de ayer, las legisladoras hicieron llegar un escrito a la fiscalía de Gerardo Pollicita, que ya investiga una denuncia anterior basada en escuchas telefónicas, donde presos kirchneristas del caso de los cuadernos demuestran estar al tanto de la denuncia de extorsión que salpica al fiscal Carlos Stornelli y que tramita en el Juzgado Federal de Dolores. Carrió, Oliveto y Zuvic dijeron que no quieren hacer público su escrito argumentando que contiene información sensible que se debe verificar mediante medidas de prueba. Pidieron que el caso quede bajo secreto del sumario. No obstante, en declaraciones a los medios insistieron en que todo se trata de una confabulación en la que involucraron a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, y al exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés. Zuvic señaló que la expresidenta Cristina Kirchner “comanda” la maniobra.


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