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Cuadernos de las coimas: la UIF pide investigar a empresarios por lavado

Cuadernos de las coimas: la UIF pide investigar a empresarios por lavado

Claudio Bonadio, el juez de los cuadernos recibió el pedido de la UIF para investigar a los empresarios por lavado Fuente: Archivo

Las confesiones de muchos empresarios sobre los sobornos pagados durante el kirchnerismo les aseguraron su libertad en la causa de los

cuadernos de las coimas

, pero podrían traerles ahora un nuevo dolor de cabeza.

La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al juez

Claudio Bonadio

que los investigue por lavado de dinero, tras detectar cuentas bancarias en el exterior, que habrían ingresado en el sinceramiento fiscal con el supuesto fin de blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.

La hipótesis que sostiene la UIF, querellante en el caso de los cuadernos, señala que los empresarios financiaron los sobornos a los funcionarios kirchneristas con sobreprecios en los contratos con el Estado. Ese excedente se habría utilizado para distintos fines, como el financiamiento de campañas electorales, o engrosar el patrimonio de los entonces funcionarios y -afirma la UIF- también podría haber ido a parar a las cuentas personales de los empresarios que podrían haber aprovechado esos sobreprecios para enriquecerse personalmente.

La UIF detectó movimientos de cuentas bancarias en el exterior que pertenecen a Aldo Roggio (Roggio Hnos), Héctor Zabaleta (Techint), Carlos Wagner (Esuco), Enrique Pescarmona (Impsa), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería) y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones). Son cuentas bancarias en

Suiza

, Estados Unidos, Uruguay y Luxemburgo, según el documento al que accedió
LA NACION.

Consultados por
LA NACION, los abogados de Roggio, Zabaleta, Pescarmona y De Goycochea dijeron que por ahora no harían comentarios, al menos hasta conocer la resolución de la UIF.

El organismo le pidió al juez Bonadio la apertura de una causa conexa a los cuadernos de las coimas para investigar el lavado de dinero de los empresarios y pidió que sean indagados 68 personas entre exfuncionarios kirchneristas como el exministro

Julio De Vido

, empresarios y otros personajes vinculados a la trama de los cuadernos de las coimas como el exjuez

Norberto Oyarbide

y el exchofer

Oscar Centeno

. También le reclamaron que ponga en marcha de manera “urgente” los mecanismos necesarios para inmovilizar esos fondos para un eventual decomiso. De crearse una causa conexa, explicaron fuentes judiciales a
LA NACION, no se dilataría una de las instancias que buscan el juez y el fiscal de la causa, que es la elevación a juicio.

El juez Bonadio ya contaba en el expediente con información aportada tanto por la UIF como por la

AFIP

sobre bienes en el exterior, que incluso había sido parte del blanqueo de capitales. La UIF sostiene que esa exteriorización de fondos realizada por los empresarios durante los años del kirchnerismo, que en distintas ocasiones concluyó en el blanqueo, podría ser parte de la estrategia para blanquear activos provenientes de actividades ilícitas como los sobreprecios en las obras públicas.

El año pasado la UIF le entregó a Bonadio informes de inteligencia financiera donde se señalaba la existencia de activos en el exterior a nombre de algunos imputados o personas de su círculo íntimo. El organismo tomó en cuenta información que recibió de la AFIP vinculada al blanqueo y elaboró una lista con los productos financieros detectados. Se incorporó como prueba a la causa información relacionada a las declaraciones juradas de impuestos presentadas por los imputados, y se cotejó con el hecho de que varios de ellos confesaron haber pagado coimas a funcionarios del Estado.

Con distintos argumentos, estos empresarios ya habían confesado haber hecho pagos ilegales. El juez Bonadio procesó en septiembre a casi todos los empresarios involucrados como miembros de la asociación ilícita a través de la cual los exfuncionarios del kirchnerismo recaudaron dinero que luego habría sido utilizado para financiar la política, entre otros fines.

La Cámara Federal confirmó esos procesamientos pero benefició a los empresarios con un cambio en la calificación del delito. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que los empresarios no integraron la misma asociación ilícita que los exfuncionarios, y los acusaron por cohecho activo, un delito menor, con menor pena. Ahora la UIF pide que a varios de los confesos se los investigue por lavado de dinero.


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