Coronavirus. Cinco desafíos para el mundo del trabajo durante y después de la pandemiaEconomía 

Coronavirus. Cinco desafíos para el mundo del trabajo durante y después de la pandemia


La pérdida efectiva y potencial de puestos de empleo, la disminución de los ingresos, el riesgo de un agravamiento de las desigualdades sociales, las posibilidades y limitaciones del teletrabajo y el debate sobre la necesidad de cambios normativos son temas que interpelan en el ámbito laboral

Puestos de empleo y ocupaciones laborales por cuenta propia que están en riesgo o que ya no están (o que, al menos por un tiempo, no están). Ingresos igual a cero, en caída o con continuidad incierta. Esos son los efectos más inmediatos que, en el mundo del trabajo, causan la crisis del Covid-19 y el aislamiento social dispuesto por decreto para intentar frenar los contagios.

El impacto en el mundo laboral es una fuente de desafíos para el durante y también para el después de la pandemia. Cómo preservar las relaciones laborales y cómo mantener ingresos en forma sostenida y suficiente para las familias, son los dos interrogantes que surgieron de manera más urgente y que llevaron a algunas respuestas desde el Estado y desde varios acuerdos firmados entre empleadores y sindicatos. A esos desafíos se suman otros, porque en una economía fragmentada y con una parte no menor de la población en estado de vulnerabilidad social, ya se advierte que esta situación dejará en la Argentina un agravamiento de la pobreza y de las desigualdades.

No ajenas a la necesidad de un análisis de esas disparidades, entran en escena al menos dos cuestiones que interpelan a las políticas públicas y a las acciones de los actores económicos. Una de esas cuestiones es el teletrabajo, con sus avances y sus límites; otra es el debate sobre las posibles adaptaciones normativas para un mercado de trabajo que, a la vez que profundiza su crisis, está en una era de cambios que trascienden los hechos y los efectos de la coyuntura.

El trabajo, en un terreno incierto y muy desigual

Pocos días después de iniciada la cuarentena obligatoria, se dispuso por decreto la prohibición de despidos laborales por 60 días. En su intento de resguardar relaciones laborales, la medida tiene un efecto parcial en un país con una economía fragmentada, y ahora con crecientes situaciones de fragilidad que alcanzan incluso a empresas formales, afectadas por el riesgo de no volver a la actividad.

Poco más de un tercio de los asalariados está en la informalidad, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Y si se considera a todos los ocupados (dependientes y cuentapropistas), la falta de registro alcanza a más de la mitad, según surge de un análisis de datos de la EPH, elaborado por la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella.

Los efectos de la crisis, según coinciden varios economistas, son más graves para quienes se mueven en la informalidad y en el cuentapropismo en general, sobre todo si se trata de tareas que no se pueden hacer a distancia y que no están exceptuadas del aislamiento. No hay aún estadísticas, pero un indicador está en la cantidad de solicitudes y de personas aceptadas por el Estado para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, una ayuda que se da de manera muy lenta: un mes y medio después de haberse anunciado el plan, el dinero había llegado a cuatro de cada diez beneficiarios, y el extenso cronograma de pagos marca que se tardará tres meses para llegar a todos.

A ritmo mucho más veloz avanzan las necesidades de los hogares causadas por una etapa de emergencia en cuyo punto de partida había una economía en recesión. Las proyecciones sobre el nivel de actividad, lógicamente, fueron empeorando: según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central y del que participan varios centros de estudios económicos, a fines de febrero se estimaba, en promedio, que el PBI caería este año 1,2%; un mes después ese índice de signo negativo era de 4,3%, y el relevamiento de fines de abril detectó una proyección promedio de una caída del producto de 7% para este año.

El dato más reciente de fuente oficial sobre el mundo del trabajo es el de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, que da cuenta de una reducción de 3% interanual, a marzo último, del empleo en las empresas privadas (el relevamiento representa al universo de las que son formales, tienen al menos 10 empleados y están ubicadas en grandes centros urbanos).

Por su parte, una encuesta continua de SEL Consultores indica que seis de cada diez compañías (en este caso se entrevista a 147, que son líderes de mercado en sus sectores) dijeron a mediados de abril que habían suspendido los planes de ingresos de personal que tenían para los próximos meses, según dice María Laura Cali, directora ejecutiva de la firma.

Con efectos también para el sector formal, el decreto de prohibición de despidos dejó abierta la posibilidad de consensuar suspensiones con rebajas en los ingresos de los trabajadores, tomando como marco el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo. Hay varias decenas de esos pactos y, en la práctica, se da un reemplazo de los sueldos habituales por sumas no remunerativas equivalentes (por lo general) a alrededor de 70% o 75% de lo que se cobraba previamente. En varios casos se acordó llevar la prohibición de despidos a una fecha posterior a la que marca la medida dictada por el Poder Ejecutivo.

Según sostiene Luis Discenza, abogado del estudio AMZ & Asociados, que participa en la firma de este tipo de pactos, como la recuperación de la actividad “será paulatina, o muy paulatina, la situación va a requerir de acuerdos entre los representantes sindicales y las empresas o las entidades representativas de acá a fin de año” y, ante esa necesidad, las suspensiones habilitadas por el decreto “pueden ser una gran herramienta”. Según evalúa, “con una actividad reducida (no nula), puede haber suspensiones alternadas o rotativas”. Y agrega: “Siempre el gran desafío es conservar los puestos de trabajo”.

Los ingresos, uno de los puntos más débiles

A ese desafío de preservar relaciones laborales se suma el de mantener ingresos, al menos en un cierto nivel (en los hechos, los montos se ven reducidos por los acuerdos que intentan preservar puestos y, en algunos casos, también se achican sin que haya un pacto mediante).

Los problemas de las empresas para afrontar el pago de salarios -sobre todo en el caso de las pymes no habilitadas a trabajar- están entre los efectos más rápidos y sensibles del aislamiento. Al igual que en otras partes del mundo, desde el Estado se habilitaron ayudas, con la modalidad de hacerse cargo del 50% de los montos (dentro de límites marcados por un piso y un techo), que en muchos casos está llegando por estos días para saldar lo correspondiente a abril. La ayuda seguirá, según ya se oficializó, con las remuneraciones de mayo.

Puertas adentro de las compañías hubo una revisión de las decisiones referidas a los salarios para un año en el que se espera una inflación de 44,4% (estimación promedio que surge del REM), aunque el ritmo de suba de precios podría acelerarse dentro de un tiempo, según advierten varios economistas, por los efectos de la emisión monetaria, intensificada para afrontar el pago de subsidios.

La encuesta de SEL muestra que cuatro de cada diez empresas líderes decidieron postergar las recomposiciones previstas. “Junto con octubre, abril es uno de los meses fuertes del año en cuanto a la aplicación de subas de salarios; cuando a las compañías que decidieron postergar los aumentos se les preguntó para cuándo, el 71% respondió no saber”, comenta Cali.

¿Y qué pasa si la pregunta se les hace a familias en general, más allá de cuál sea la situación laboral de sus integrantes? En un relevamiento de la firma McKinsey, que incluyó 1000 encuestas en el país hechas entre el 7 y el 12 de abril, dos tercios de las respuestas indicaron que ya se habían reducido los ingresos. En ese dato podría estar reflejándose la incidencia de los cuentapropistas y de asalariados de actividades no habilitadas.

Un informe del Cippec, elaborado por Ramiro Albrieu y Megan Ballesty, investigador principal y coordinadora del Programa de Desarrollo Económico de esa institución, estima que de los 11,6 millones de ocupados de los 31 centros urbanos relevados por el Indec en la EPH, 5,3 millones (45%) no están en las actividades inicialmente habilitadas (en los últimos días se fueron incorporando algunas, y ese es el camino gradual por el que muchos recomiendan seguir) ni pueden hacer teletrabajo. Es en ese grupo en el cual se dieron y se dan, principalmente, las caídas de ingresos.

“Hay una amenaza de daños severos en el tejido económico y social”, advirtió Eduardo Chávez Molina, del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en un panel virtual organizado por ese centro de estudios y por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. El sociólogo estimó que los mayores efectos negativos se dan para quienes están “en el universo de las formas de la informalidad”, aunque diferenció situaciones: hay profesionales vinculados a servicios personales, que pueden tener altos ingresos aunque irregulares, y hay quienes viven de changas, dependiendo de ingresos bajos y no continuos. También ubicó en un espacio de vulnerabilidad a los asalariados de pequeñas unidades, “que por lo general tienen contratos irregulares”.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señala que entre 2010 y 2019 prácticamente se estancó la creación de empleos de calidad, “lo cual generó pequeñas variaciones en la desocupación y un incremento del subempleo inestable”, caracterizado por las changas y las tareas temporarias o intermitentes. El estudio advierte que “el sector microinformal de la estructura productiva”, que abarca a cuentapropistas no profesionales y a quienes trabajan en pequeñas unidades de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mundo formal, pasó en la última década del 45,9% al 49,1% de los ocupados, en las ciudades incluidas en la medición.

¿Qué pasará con esa heterogeneidad a partir de la pandemia y la cuarentena? “Probablemente esta situación dispare los índices de pobreza y desigualdad social; en la Argentina ya se arrastraba un escenario de precariedad”, dice Elva López Mourelo, especialista en Instituciones del Mercado de Trabajo Inclusivo en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Buenos Aires, quien considera que habrá que analizar el impacto del IFE y de otras políticas tendientes a aliviar la situación.

Un informe de la OIT describe cuáles son los grupos de personas que se verán más afectados: las mujeres (tienen mayores niveles de informalidad); los jóvenes (al estar iniciando la vida laboral, su situación suele ser más débil); los informales (por tener menores ingresos y menor posibilidad de ahorro), y los migrantes (suelen tener empleos precarios).

El interrogante sobre la posible ampliación de brechas sociales siembra un campo de estudio, en el que tiene lugar el análisis del vínculo entre el empleo y el mundo digital. La necesidad del distanciamiento entre personas aceleró o impulsó cambios en algunas empresas y el teletrabajo fue, en algunos casos, una solución.

El teletrabajo y sus limitaciones

Una pregunta de peso para determinar los efectos de la cuarentena en el mundo laboral es cuál es el potencial y cuál es el uso del trabajo a distancia en la Argentina, una cuestión que depende del tipo de actividad económica, de las herramientas tecnológicas y de la capacitación y las tecnologías a disposición de los trabajadores.

Un informe hecho por Ramiro Albrieu, del Cippec, sostiene que unos 3,2 millones de los 11,6 millones de ocupados que hay en los 31 centros urbanos relevados por la EPH del Indec (datos al tercer trimestre de 2019), se dedican a tareas que podrían hacerse a distancia. Es un índice que ronda el 27% pero es, a la vez, un índice de la potencialidad y no de la realidad del teletrabajo. “La diferencia entre el teletrabajo potencial y el efectivo es muy grande”, analiza Albrieu, que sugiere lineamientos para políticas que lleven a achicar esa brecha.

“El aparato productivo está rezagado en términos tecnológicos, y hay que desarrollar una estrategia de transformación digital para llegar a los segmentos más alejados de la innovación”, advierte. El informe especifica que los porcentajes de teletrabajo potencial son muy diferentes en función de algunas características de los puestos, como la calificación de las tareas y la jerarquía del cargo.

En el análisis de las posibilidades de acceso al teletrabajo aparece una brecha muy clara, que vincula a este punto con el anterior (referido al impacto de la crisis en relación a las desigualdades sociales). Las conclusiones del estudio del Cippec muestran que, si se miran las ocupaciones del 10% de la población de mayores ingresos, se observa que alrededor del 60% de las tareas son teletrabajables, mientras que en el 10% de la población de menores ingresos ese índice es inferior al 10%.

Albrieu señala que conocer la capacidad efectiva de trabajar a distancia es un elemento fundamental para una salida gradual del aislamiento.

Una vez que pase la pandemia, ¿quedarán, al menos para algunos, los cambios en la forma de trabajar? Según la encuesta de SEL Consultores, entre las empresas que dijeron aplicar el teletrabajo, cuatro de cada diez señalaron que planean que al menos una parte de la dotación no vuelva a la oficina. Y, al ampliarse el universo del teletrabajo, ya hay quienes plantean la necesidad de adaptar normas y convenios laborales.

¿Se replantea o se acelera la necesidad de cambios normativos?

Dado que, al adoptarse el teletrabajo, hay empresas en las que se siguió trabajando “con cierta normalidad”, Discenza considera que “se va a generar un debate relevante y muy interesante sobre el trabajo domiciliario y su incidencia en factores como los costos fijos de las empresas, los costos del transporte, el medioambiente y la dinámica familiar y laboral”. El abogado especializado en derecho laboral agrega que un desafío que viene es ver si esa discusión se dará en el ámbito de la negociación colectiva.

“La experiencia en materia de convenios sectoriales es una fortaleza que tenemos en la Argentina”, plantea el sociólogo Eduardo Lépore, con respecto a la posibilidad de que la adecuación del marco normativo ante ciertos cambios se haga a través de esa herramienta de negociación entre las partes de las relaciones.

Lépore es director del programa Pobreza, Inclusión y Política Social del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y, en el ya mencionado panel virtual organizado por esa institución, analizó las claves para una agenda de políticas dirigidas al trabajo y, más puntualmente, a la protección de los ingresos de las personas.

Un eje temático, afirmó, lo conforman los asalariados, para los cuales planteó que podría existir una normativa permanente que defina de qué manera y con recursos de qué fuentes el Estado debe ayudar con el pago de sueldos en momentos críticos como el actual. También para ese universo señaló la necesidad de fortalecer el seguro de desempleo, como una herramienta que sirva en la transición de los trabajadores entre la salida de un puesto y el ingreso a otro. En otro eje de políticas posibles ubicó como protagonistas a los autónomos, y se refirió a la necesidad de pensar esquemas de asignaciones familiares y de seguros de cese de actividad.

Además, consideró necesario el debate sobre la protección que se les debería dar a quienes están en “formas híbridas entre el trabajo asalariado y el independiente”, como los trabajadores de plataformas, de organizaciones de la sociedad civil y de la economía del cuidado de personas. Agregó que la agenda debería incluir el análisis de un posible ingreso solidario para personas en vulnerabilidad, del que podría ser un antecedente el IFE, que es por ahora una política temporal. Claro que, según advirtió, es un tema por demás desafiante el planteo de cómo procurar los recursos necesarios para esos pagos.

A una realidad sociolaboral problemática, la Argentina suma una situación de creciente déficit fiscal. Y, según advirtieron ya varios economistas, la forma de financiar las necesarias ayudas a la población podría llevar a un mayor deterioro, en términos de capacidad de compra, de los ingresos de las familias, por una mayor emisión monetaria que, en algún momento, acelerará la inflación. Los dilemas del país no son aislados unos de otros. Y el análisis de las posibles políticas no admite distanciamiento entre los temas a considerar.

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